A partir de un dictamen conjunto de las comisiones de Interpretación y Asuntos Legales y de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad, el Concejo Deliberante sancionó este jueves la adhesión del Municipio de Tandil a la Ley provincial 11.729, que beneficia a todos los agentes municipales, de cargos electivos, políticos o de planta, que durante la dictadura militar fueron separados de sus cargos por el gobierno de facto.

El reconocimiento implica el pago de la deuda que dichos agentes registren ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Esta Ley a la que adhiere Tandil viene a dar por tierra con el decreto ley del año 1976, que permitía dar de baja a personal de planta permanente o temporario por razones de seguridad, aduciendo que se despedía a quienes estaban vinculados con actividades subversivas o disociadoras”, explicó el concejal Luciano Grasso.

Los aportes que el Municipio hará al IPS serán desde el día en que se produjo el despido por persecución ideológica hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha de restablecimiento de la democracia.

Aunque la mayoría de los beneficiarios fueron despedidos durante la última dictadura, la Ley 11.729 hace referencia a tres períodos de supresión de los derechos constitucionales: 1955-1958; 1966-1973 y 1976-1983.

El concejal radical, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad, dijo que “la adhesión del Municipio de Tandil a esta Ley es en términos generales, pero sabemos de algún caso puntual, como el del Dr. Mario Figueroa, médico del Hospital Santamarina despedido por el intendente de facto Julio Zanatelli”.

Finalmente, destacó que la normativa apunta a que el Estado, en este caso los municipios, “se hagan cargo de una deuda económica y moral con quienes fueron sancionados por cuestiones ideológicas”.