El proyecto de Resolución contra la exploración de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica no pudo ser aprobado pues no logró la cantidad de votos necesaria para su tratamiento.

El texto del bloque oficialista no consiguió los 14 votos que hubieran permitido debatirlo en la sesión. Fueron 13 voluntades a favor (UCR, Peronismo Tandilense y PRO) mientras que el Frente para la Victoria hizo valer los siete votos de sus integrantes para frenar el proyecto y enviarlo a comisión.

El bloque oficialista presentó esta semana el proyecto como resultado del camino trazado por la Declaración de Sierra de la Ventana, en la que municipios de la región convinieron avanzar juntos para proteger el medio ambiente de los efectos nocivos del fracking.

Al trabajo del bloque oficialista, iniciado por Juan Pablo Frolik como presidente y continuado por Atilio Magnasco en su rol de titular de la comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente se agregó en paralelo la intención del gobierno local de frenar el fracking, en sintonía con la vigente Ley de Paisaje Protegido y la creciente vocación tandilense por el cuidado de su valioso activo medioambiental.

El edil Mario Bracciale de Peronismo Tandilense y Claudio Ersinger del PRO votaron por la afirmativa, acompañando los 11 votos de la UCR, con la voluntad de que el proyecto pudiera avanzar.

Desde el oficialismo Magnasco defendió el proyecto de Resolución apelando a la devastación ambiental que deja tras de sí la exploración de petróleo y gas con esta técnica, con un grave peligro de contaminación del agua potable y potabilizable. En ese sentido, enumeró una serie de antecedentes mundiales sobre prohibición de empleo de fractura hidráulica.

Pero la bancada del FpV, guiada por los fundamentos argumentales del concejal Nestor Auza, impidió con el voto de sus integrantes que la Resolución fuera aprobada.

Iniciativa de DD. HH. tampoco pudo ser tratada

Al igual que con el proyecto de fracking, tampoco consiguió el oficialismo los votos necesarios para adherir al reclamo efectuado por organizaciones de Derechos Humanos en cuanto a los alcances de la Ley Nº 26548, que dispone la modificación del objetivo, funcionamiento y traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Las organizaciones plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, aprobada en 2009 que limita la competencia del BNDG a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983. Los demandantes consideran que la norma legal vulnera el derecho a la identidad de los casos posteriores a esa fecha. Según ellos mismos expresan “esta ley pretende negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.

Alcanza con citar los casos de Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, para dar cuenta de ello. Como así también la de Jorge Julio López. En otras palabras, los familiares de víctimas de desaparición posteriores a esta fecha deberán pagar laboratorios privados para hacer los análisis de ADN”.

El concejal Néstor Müller, impulsor de la iniciativa, agregó entre los argumentos que "las personas desaparecidas vinculadas a la trata y sus familiares no pueden, en la casi totalidad de los casos, pagar el costo de un ADN y de la preservación de las muestras. El derecho a la identidad es un derecho humano básico". Y convino con los organismos de DD. HH. que "el Banco es imprescindible, no sólo para encontrar a los niños y niñas desaparecidos durante la última dictadura militar, sino para asegurar el derecho a la identidad de muchas personas que no tienen claro su origen biológico".

"Las organizaciones de DD. HH. entienden que es fundamental para la búsqueda de las mujeres desparecidas víctimas de las redes de trata; también para dar con los hijos e hijas de las víctimas de trata que han sido apropiados por los tratantes, vendidos o dados ilegalmente a terceros. Pero también es imprescindible para hallar a los bebés vendidos, cuya identidad ha sido suplantada", puntualizó.