Desde el bloque del Frente Progresista Cívico y Social apuntaron que la Ley Nacional sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas no ha sido reglamentada, lo que impugna su plena validez.

Las leyes nacionales Nº 26.364 y  Nº 26.842 fueron sancionadas con la finalidad de combatir la trata de personas, delito contemplado en el artículo 15 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

Pero “para combatir este aberrante negocio ilícito que compite exitosamente con el narcotráfico y la venta de armas, las normas deben ser reglamentadas y asignado un presupuesto acorde a las políticas que se quieren llevar a cabo”, explicaron desde la bancada oficialista.

Los ediles radicales recordaron que “la ley 26.842 se sancionó con motivo de una fuerte movilización popular consecuencia de la indignación generada por la absolución dictada por un tribunal oral tucumano contra los autores de la desaparición forzada de Marita Verón, la que  había sido víctima de una poderosa red de trata de personas con fuertes vínculos con las fuerzas de seguridad y el poder político”.

En nuestro país, casi el 80% de las personas explotadas son mujeres, niños y niñas y adolescentes obligados a la prostitución. La mayoría de las víctimas proviene de los sectores sociales más vulnerables y de las regiones más empobrecidas.