La cuestión de las excepciones otorgadas por el Concejo Deliberante a vecinos que desean construir, ampliar o llevar a cabo proyectos productivos o inmobiliarios que no encuadran en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) sigue generando espacio para la discusión.

Por ese motivo, los ediles de la UCR brindaron detalles que permitan esclarecer puntos importantes en torno a ese debate. Sergio Lunghi, presidente de la Comisión de Obras Públicas y Urbanización, junto a sus pares Néstor Müller y Romina Mapelli, de la misma comisión legislativa, explicaron el procedimiento que se lleva adelante cada vez que un pedido de excepción o regulación por norma especial ingresa al Municipio.

Todos los expedientes de este tipo que llegan al Departamento Ejecutivo son analizados por la Comisión Municipal de Gestión Territorial, integrada entre otros por representantes de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, agrimensores y maestros mayores de obra.

Tras la evaluación de los profesionales arriban al Concejo Deliberante, donde se estudia si el pedido puntual es para uso unifamiliar o multifamiliar, en cuyo caso la tendencia es autorizarlos bajo el argumento de la necesidad de acceso a la vivienda. “Estos casos suelen contemplar pedidos de particulares que quieren construir o ampliar sus viviendas y, por las medidas del terreno, el Plan de Ordenamiento Territorial no lo permite porque excederían los indicadores urbanísticos”, explicaron los ediles radicales, y agregaron que “a raíz de la aparición del ProCreAr se intensificaron las solicitudes de excepción de ese tipo”.

LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS

Pero puede ocurrir que los pedidos de excepción no encuadren en el uso familiar o multifamiliar y se abre así la posibilidad de celebrar convenios urbanísticos.

Así se distinguen dos posibilidades, la primera es que se pida un uso de suelo distinto al permitido en una zona determinada, por ejemplo una explotación comercial  dentro de un área que en principio no está autorizada.

La segunda alternativa es que se solicite elevar los indicadores de urbanización establecidos en el PDT. Un caso que ejemplifica bien este punto sería la ampliación de un edificio de departamentos.

En ambas hipótesis hay una finalidad de lucro y el criterio de evaluación se rige por la Ordenanza 12.679 y su decreto reglamentario. Los legisladores municipales señalaron que la misma “establece criterios objetivos para analizar los casos en los que, de acuerdo a la asignación de indicadores por norma especial o excepción solicitada, corresponda determinar una compensación económica”.

El Decreto Reglamentario establece los criterios y las fórmulas que se deben tener en consideración para establecer los montos de la compensación. Los ediles de la UCR puntualizaron que “esos ingresos no son de libre disponibilidad sino que el Municipio destina la mitad para construcción de viviendas y el resto para obras de infraestructura”.

Es importante destacar que hasta el momento no se ha llevado adelante ningún convenio urbanístico. Por estos días se analiza el pedido de ampliar un edificio con alguna obra complementaria en un piso superior; también un proyecto para una pequeña planta de chacinados en cercanías de la Escuela Granja. Ambos casos son pasibles de celebrar un convenio urbanístico porque hay un fin comercial en un caso y un desarrollo inmobiliario en el otro.

De las 284 excepciones otorgadas desde 2008 la mayoría se refiere a proyectos de obra para uso familiar o multifamiliar y, en menor medida, para comercios barriales o industrias artesanales. “Luego del dictamen técnico desde el Concejo Deliberante se aprueba un proyecto de obra para afectar, por ejemplo, a una despensa o pequeño comercio, pero la cuestión de la posterior habilitación está fuera del ámbito legislativo”, aclararon los concejales.

Finalmente reiteraron que “para otorgar una excepción se debe cumplir con los pasos que mencionamos y luego tenemos las herramientas legales en la forma de la Ordenanza 12.679 y el decreto reglamentario; luego de eso el tema se analiza en las comisiones y se vota en las sesiones, donde puede ser aprobado por unanimidad, por simple mayoría o denegado, como toda norma de características similares”.