La comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante impulsa esa medida tendiente a cumplir con un precepto constitucional. Una alcaidía es un contexto de encierro que, teóricamente, posee menor rigurosidad que una Unidad Penitenciaria. Está reservada a las personas privadas de la libertad cuya situación procesal no ha sido resuelta. En el ámbito de la provincia, aquellas personas que aún no tenían prisión preventiva firme solían ser alojadas en comisarías, pero  a partir del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Verbitsky” ya no es posible alojar detenidos en esos espacios, ni tampoco es aconsejable desde el punto de vista estructural y funcional.

La Resolución legislativa -producto del trabajo de la comisión que preside la concejal del Frente para la Victoria Corina Alexander- les pide al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Casal, y a la jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Dra. María Florencia Piermarini, "la urgente creación de una alcaidía en la Unidad Penitenciaria Nº 37 (Villa Cacique – Barker)".

La medida fue acordada por Alexander y los demás integrantes de la comisión: Mercedes Fuente, Adolfo Loreal y Néstor Müller por la Unión Cívica Radical, y Pablo Díaz Cisneros del Frente Renovador.

Para tener información de primera mano, los ediles invitaron a las reuniones de comisión al Defensor General Dr. Diego Fernández y los Defensores Oficiales doctores Diego Araujo y Carlos Kolb.

Entre otras cuestiones que motivaron la intervención de los concejales, Alexander puntualizó "la necesidad de mejorar la situación carcelaria de la provincia, que concentra casi el 50% de todas las personas detenidas de nuestro país, siendo de las tasas de encarcelamiento más altas de la región".

Según los datos que manejan los ediles se trata de aproximadamente 30.000 detenidos, lo que contrasta con  la capacidad de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, preparadas para alojar la mitad de esas personas. "Frente a este panorama es fácil advertir la superpoblación de las cárceles, lo que se estima trae como consecuencia la problemática conocida como violencia institucional", señaló la representante del FpV.

Siguiendo esa lógica, los concejales apuntaron que "la realidad de las cárceles bonaerenses presenta una gran cantidad de factores que afectan de forma negativa en la salud integral de las personas allí alojadas. Las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento generan riesgo de daños o patologías físicas, trastornos vinculare y problemas psicoemocionales, constituyendo una constante amenaza para la calidad de vida de las personas detenidas".

Por qué una alcaidía

Desde la comisión comunicaron que "los beneficios de contar con una alcaidía cercana a la ciudad se sentirían respecto de la actuación de los organismos judiciales, así como también en la familia de las personas detenidas, quienes en definitiva resultan ser proveedores de bienes de consumo necesarios, ropa y otros elementos que resultan indispensables para los detenidos y que no les son provistos por el sistema".

Por otra parte, las fiscalías podrían realizar con mayor comodidad y eficacia las primeras diligencias procesales, la defensa contar con mayor posibilidad de contacto con el imputado, asegurando una mejor participación informativa en los actos procesales, y los jueces de Garantías controlar el contexto de encierro de manera mucho más eficaz.

Alexander puso de relieve que, en la actualidad, "la alcaidía más cercana está ubicada en la localidad de General Alvear, distante a más de 200 kilómetros de Tandil, con enormes dificultades para llegar hasta allí por insuficiencia de medios de transporte público, lo que dificulta bastante la tarea judicial, amén de los obstáculos que implica la distancia para el acercamiento familiar de los presos y su debida contención".

La legisladora municipal consideró necesario "un compromiso político para garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las personas privadas de libertad, previendo los recursos para resolver las carencias y la implementación de medios para lograr la inclusión social de los detenidos, mediante un adecuado abordaje de la problemática de estos sectores sociales".

Los datos de la región

A modo de ejemplo puede mencionarse que la Unidad Nº 30 de General Alvear aloja aprehendidos y detenidos de las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil. Dicha unidad penitenciaria presenta hoy en día una importante sobrepoblación carcelaria. Cuenta con un cupo judicial fijado de 1500 internos. Sin embargo, la administración penitenciaria desoye una resolución judicial firme de la Cámara Departamental de Azul de fecha 28 de enero de 2014 y aloja unos 1700 detenidos, lo que determina problemas alimentarios, de provisión de colchones y de atención sanitaria que repercute en toda la unidad.

Otro ejemplo es la situación de la Unidad Penitenciaria Nº 37 de Barker, donde el cupo máximo judicialmente autorizado es de 678 internos y 36 plazas más correspondientes a las casas del régimen abierto (Programa Casas por Cárceles), pero al jueves 21 de agosto de 2014 la cantidad de internos es de 594, número por debajo del cupo judicial en razón de que existen clausuras en los pabellones 9 y 10 por estar sujetos a reparación debido al desplazamiento de las losas del techo. La unidad cuenta con serias dificultades de abastecimiento alimentario y sobre todo de cobertura del servicio médico en razón de no contar con profesionales para las guardias de 7 días por 24 horas.

"Respecto a nuestra región no puede perderse de vista que el Departamento Judicial de Azul (que comprende las ciudad de Azul, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Benito Juárez, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué) tiene diez centros de detención, ocho para varones mayores; uno para menores, y uno para mujeres mayores; estando todos ellos al borde de su capacidad de alojamiento, siendo incluso superados en algunos momentos críticos, en virtud de servir de alojamiento a detenidos del conurbano bonaerense", finalizó Alexander.