Desde hace años el sector público articula con el privado y las organizaciones de la sociedad promoviendo procesos que buscan reducir el impacto que el estilo de vida moderno genera sobre el medioambiente.

Muchas de esas acciones tienden a reciclar y recuperar una parte de los desechos que provienen de envases de alimentos y bebidas, por lo general derivados del plástico.

Y otro de los grandes problemas de estos tiempos es la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos también por sus siglas: RAEE.

En las últimas décadas del Siglo XX comenzó a sonar fuerte el concepto de “obsolescencia programada”; ni más ni menos que limitar el ciclo de vida útil de un dispositivo para forzar la compra de un nuevo modelo.

Los tiempos en que una familia “convivía” por décadas con la misma heladera, televisor, radio o cualquier otro aparato apenas quedan en el recuerdo de los mayores.

La obsolescencia programada también vincula con el declive de la reparación de los aparatos descompuestos. Muchas veces no tienen arreglo por la forma en que sus componentes están integrados o porque resulta tan costosa la reparación que la adquisición de un nuevo producto termina siendo la opción más atractiva.

Todo esto tiene un impacto real y concreto en el ambiente: cada aparato que se reemplaza debe retirarse del domicilio, pues el reemplazo ocupará su lugar.

Pero el descarte de estos aparatos no es fácil y no siempre las personas actúan con responsabilidad. Así es frecuente ver aparatos de todo tipo en las veredas, en descampados e incluso a la vera de los caminos menos transitados.

Es sabido que este tipo de residuos no deben ir a los rellenos sanitarios junto con el resto del producto de la recolección domiciliaria, puesto que contienen, entre las sustancias más habituales, residuos especiales altamente contaminantes como cadmio, plomo, níquel, antimonio y mercurio. Estos filtran a través del suelo y contaminan el agua, además de producir otros desequilibrios en el ecosistema por los gases que emiten a la atmósfera.

En la búsqueda de un sistema para revertir este ciclo nocivo el Concejo Deliberante dio curso a un marco regulatorio que incluye a las estaciones de Punto Limpio, prohíbe el descarte de los RAEE junto con los residuos domiciliarios y faculta al Departamento Ejecutivo a sancionar a quienes incumplan la normativa.

“Esta ordenanza apunta a dos frentes”, explicó Guillermina Cadona, concejala del bloque Juntos. “Por un lado a los usuarios domiciliarios y, por otro, a los grandes generadores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como pueden ser los productores, comerciantes y técnicos”.

La integrante del bloque oficialista explicó que los residuos de esta naturaleza deberán ser llevados a las estaciones Punto Limpio y otros lugares que habilite el gobierno municipal para ese fin.

Desde allí, será el Estado el responsable de trasladarlos a los centros de pre tratamiento y recuperación que se autoricen en el marco de esta nueva ordenanza.

“Esto es un paso más en un camino que todos los tandilenses ya venimos transitando con distintas acciones”, reflexionó Cadona. Y apuntó como ejemplo: “Alrededor del 70 por ciento de un aparato electrónico es plástico. Y por un convenio de colaboración que incluye al Instituto de Física de Materiales de la universidad, cooperativas y el Municipio, ese residuo plástico se incorpora en pastas cementicias que se utilizan para elaborar bloques aptos para la construcción”.