El Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza que autoriza al Municipio a condonar deudas de los contribuyentes cuando resulte antieconómico para el Estado iniciar los juicios de apremio, por la incobrabilidad de las deudas. La norma -votada por unanimidad en la última sesión- también faculta al Departamento Ejecutivo para que este absuelva a contribuyentes que no puedan pagar sus deudas de tasas municipales por razones sociales.

El texto aprobado el jueves último exime al Municipio de iniciar juicios y permite condonar la deuda de los ya iniciados. Antes de sancionada la normativa era imposible podían otorgar este beneficio y existía obligación legal de entablar demandas para arribar al cobro de las deudas originadas en tasas municipales.

Ahora se autoriza al Departamento Ejecutivo a no emitir certificaciones de deuda, no iniciar o desistir de juicios de ejecución fiscal (apremio) y solicitar el levantamiento de medidas cautelares en los iniciados o desistir de las mismas. Esto se aplicará siempre que se trate de deudas originadas en las Tasas Retributiva de Servicios y Servicios Sanitarios, incluyendo el resto de tasas, derechos y contribuciones asociadas que se facturan conjuntamente con éstas, correspondiente a personas físicas, titulares de un único inmueble con destino a vivienda única y de ocupación permanente, y que se encuentren en condiciones socio económicas extremas.

En relación con los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para ser alcanzados por el beneficio, la Ordenanza determina que cada año el Departamento Ejecutivo deberá solicitar al Concejo Deliberante la aprobación de las pautas a ser consideradas para evaluar las condiciones socioeconómicas extremas y la cifra de corte que determine el monto de las deudas ejecutables con un monto tope, fijado por el sueldo mínimo del personal municipal ingresante, cifra que para 2012 es de $2650.

El concejal radical Roberto Martín reveló que la Ordenanza “brinda la posibilidad de aplicar en la órbita municipal la normativa provincial para los casos encuadrados en razones sociales o cuando resulte antieconómico para las arcas municipales iniciar juicios de apremios”.

Y aclaró que “la normativa propuesta para Tandil fue debidamente consensuada con el Honorable Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad de las medidas que se tomen a partir de su aplicación”.

El vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto hizo una valoración “altamente positiva” de la sancionada Ordenanza, especialmente para “quienes han sufrido la pérdida constante de su poder económico, por distintas razones, y se ven apremiados por la intimación judicial sin poder acceder a una solución”.

También es una herramienta que libera de cargas burocráticas estériles al Municipio “que estaba obligado por ley a iniciar los juicios de apremio, a pesar de conocer la incobrabilidad de los mismos por cifras en muchos casos inferiores a los costos que implica iniciar la demanda”, puntualizó el legislador.